La Jornada 15 diciembre 2008
En 2009, más movilizaciones contra la banca
En 2009, más movilizaciones contra la banca
Susana González G.
Apenas se inicie 2009, el movimiento El Barzón remprenderá una campaña de movilizaciones contra instituciones bancarias, dependencias del gobierno y el Congreso de la Unión en demanda de un programa de apoyo a tarjetahabientes y microempresarios que han caído en cartera vencida y en rechazo al rescate financiero a grandes compañías.
También habrá protestas contra despachos de cobranza que se han especializado en acosar y llevar a cabo embargos extrajudiciales contra personas que tienen problemas de cartera vencida por créditos comerciales, hipotecarios y empresariales, a los que se tiene plenamente identificados, porque “son viejos conocidos”, informó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón.
Lo anterior, dijo, forma parte de la llamada Declaración de Chihuahua, suscrita el sábado por representantes de deudores de 15 entidades mexicanas y tres ciudades estadunindenses (El Paso, Houston y San Diego), durante el primer Encuentro binacional de deudores México–Estados Unidos, realizado por la organización.
Los deudores de ambos países acordaron volver a reunirse a finales de enero del año próximo en El Paso y comenzar acciones en demanda de que se transparente la información de las instituciones crediticias, las cuales tienen severos problemas de cartera vencida, y de los recursos públicos que se destinan al rescate de empresas.
Fiscalización.
En México, dijo Ramírez Cuéllar, hace falta que se fiscalice la inyección de recursos a grandes compañías que enfrentan problemas de liquidez por haber negociado con derivados e incurrir en actividades de especulación. Criticó que únicamente Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y la Secretaría de Hacienda estén a cargo del rescate y dispongan para ello de divisas que forman parte de las reservas internacionales.
Para ello, El Barzón pactó crear una comisión intersecretarial, en la que participen el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación, para que fijen las reglas del rescate, porque a diferencia de Estados Unidos, donde cualquier decisión al respecto pasa por el Poder Legislativo, aquí se ha limitado a una “decisión burocrática” de directivos de tres dependencias.
“El peligro es que sea un proceso oscuro, en el que se premie a empresas que están en quiebra por su actividad especulativa.” Insistió en que el gobierno debe informar sobre el número de bancos cuyo monto de capitales de reserva ya fue superado por la cartera vencida.
También habrá protestas contra despachos de cobranza que se han especializado en acosar y llevar a cabo embargos extrajudiciales contra personas que tienen problemas de cartera vencida por créditos comerciales, hipotecarios y empresariales, a los que se tiene plenamente identificados, porque “son viejos conocidos”, informó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón.
Lo anterior, dijo, forma parte de la llamada Declaración de Chihuahua, suscrita el sábado por representantes de deudores de 15 entidades mexicanas y tres ciudades estadunindenses (El Paso, Houston y San Diego), durante el primer Encuentro binacional de deudores México–Estados Unidos, realizado por la organización.
Los deudores de ambos países acordaron volver a reunirse a finales de enero del año próximo en El Paso y comenzar acciones en demanda de que se transparente la información de las instituciones crediticias, las cuales tienen severos problemas de cartera vencida, y de los recursos públicos que se destinan al rescate de empresas.
Fiscalización.
En México, dijo Ramírez Cuéllar, hace falta que se fiscalice la inyección de recursos a grandes compañías que enfrentan problemas de liquidez por haber negociado con derivados e incurrir en actividades de especulación. Criticó que únicamente Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y la Secretaría de Hacienda estén a cargo del rescate y dispongan para ello de divisas que forman parte de las reservas internacionales.
Para ello, El Barzón pactó crear una comisión intersecretarial, en la que participen el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación, para que fijen las reglas del rescate, porque a diferencia de Estados Unidos, donde cualquier decisión al respecto pasa por el Poder Legislativo, aquí se ha limitado a una “decisión burocrática” de directivos de tres dependencias.
“El peligro es que sea un proceso oscuro, en el que se premie a empresas que están en quiebra por su actividad especulativa.” Insistió en que el gobierno debe informar sobre el número de bancos cuyo monto de capitales de reserva ya fue superado por la cartera vencida.
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