¡ SEIS BANCOS VIOLAN LA LEY BANCARIA Y EL TLC!
El Secretario de Hacienda y Crédito Público y el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben de ser sometidas a juicio político por el Congreso mexicano bajo la responsabilidad de permitir la operación de seis instituciones de banca múltiple que violentan la legislación mexicana y el Tratado de Libre Comercio de Amèrica del Norte.
Las autoridades mexicanas están obligadas a suprimir de inmediato la autorización para evitar que sigan operando, bajo las actuales condiciones, las instituciones de Banca múltiple que operan en México como Citigroup Banamex, UBS BanK, INGBank, Royal Bankof Scotlan. El marco legal y las disposiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio impiden la operación de dichas instituciones.
En el anexo VII del TLC, relativas a “ Reservas, compromisos específicos y otros” se establece. “Tipo de Reserva. Artículos 1403, 1405, Derecho de establecimiento de instituciones financieras”, “Trato nacional”. La reserva es categórica y establece “Las entidades extranjeras que ejerzan funciones de autoridad gubernamental no pueden invertir, directa indirectamente, en instituciones de banca múltiple”, además es lo suficientemente clara de no hay ninguna eliminación gradual de dicha reserva.
Lo mismo ocurre con la disposición establecida en el artículo 13 de la Ley de instituciones de Crédito de aplicación obligatoria en México y que a la letra dice “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales que ejerzan funciones de autoridad”.
Es importante señalar que tanto las reservas establecidas en el TLC, como la Ley mexicana fueron aprobadas a iniciativa de las autoridades y del gobierno de nuestro país. Las disposiciones nacionales e internacionales hasta ahora vigentes son lo suficientemente claras, pues de lo contrario el gobierno de los EU o de cualquier país se convierte en acreedor de los clientes de Banamex, de UBS, ING, RBS o cualquier otro que sea sujeto al proceso de rescate que se han puesto en marcha. Estos gobiernos tendrán, en su caso que responder por los depósitos en caso de quiebra bancaria, por los clientes, de la información y estrategias del banco.
Es decir, las implicaciones y obligaciones legales son de gran profundidad. A partir de ello se estableció dichas disposiciones legales en el ámbito nacional e internacional.
Recurrir al TLC para pretender encontrar una cobertura legal y permitir la operación de Banamex, JP Morgan y BanK of América, es una jugarreta inaceptable. Está por demás claro que en el caso de Banamex, el gobierno norteamericano tiene, luego de inyectarle más de 45 mil millones de dólares, el 36% del capital social de Citibank y dicho banco es el dueño de Banamex. Es decir, una autoridad gubernamental está invirtiendo y controla la institución de banca múltiple que opera en México.
En el caso de UBS, ING, RBS no tiene ningún sentido recurrir a ordenamientos internacionales y la aplicación de la ley mexicana es contundente y la autoridad ha dejado pasar varios meses para que dichos bancos estén operando en la ilegalidad. El rescate de dichos bancos empezó a gestarse desde octubre de 2008.
El banco UBS anunció desde octubre que el gobierno suizo otorgaría 6 mil millones de francos suizos, además de adquirir activos tóxicos por lo dicho gobierno contará con el 10% del capital de dicho banco.
En el caso de ING, el gobierno Holandés aportó 10 mil millones de Euros y además tendrá derecho de veto en las decisiones más importanes. Aún, en el caso del The Royal Bank of Scotland, el gobierno Británico decidió la nacionalización al asumir el 60% de su capital.
Han pasado varios meses y la autoridad mexicana no ha dado ninguna respuesta sobre la violación de las normas legales, tanto las nacionales como las internacionales. Acostumbrados a violar la ley, el gobierno mexicano lo único que está provocando es una mayor incertidumbre y provocando que la crisis de confianza y la incertidumbre se torne aún más grave.
El Congreso de la Unión y particularmente la Cámara de Diputados deben iniciar las investigaciones para detener la violación sistemática de la ley y fincar responsabilidades a las autoridades mexicanas.
Alfonso Ramirez Cuellar.
El Barzón
México D. F. a 4 de marzo, 2009.
